Los españoles señalan a la corrupción como el segundo problema más importante del país, después del desempleo. Así lo corroboró el Eurobarómetro especial sobre corrupción publicado en 2013, en el que el 63% de los encuestados españoles se sentían afectados por la corrupción frente al 26% de la media europea, y el 95% lo consideraban un problema muy importante en España, cuando en Europa lo hacía el 76%. El último Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) publicado por Transparencia Internacional en 2016 para 176 países, sitúa a España en el puesto 41, el peor de todas las series históricas de este índice y el segundo país del mundo que más ha empeorado (en 2002 estaba en el puesto 20). En el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de febrero de 2017, las personas encuestadas consideran la corrupción y el fraude como el segundo problema, solo después del paro y muy por encima de la sanidad o la educación. Del mismo modo, los partidos políticos obtienen en España la peor evaluación de todas las instituciones según el Barómetro Global de Corrupción publicado por Transparencia Internacional (4,4 sobre 5, que es el máximo de corrupción), 4 de cada 5 encuestados españoles consideran que el Gobierno no hace lo suficiente para combatir la corrupción, y en el último sondeo Metroscopia (abril de 2017) sobre la corrupción en España, el 96% de las personas encuestadas considera que las sentencias judiciales sobre los casos de corrupción no le ponen punto y final porque aún hay casos por descubrir.


Los casos de corrupción continúan saliendo a luz pública y siguen erosionando la calidad de nuestra democracia y la confianza de los ciudadanos en ella, seriamente deteriorada ya por esta causa. Por ello, se han tomado recientemente otras iniciativas, como la Comisión Parlamentaria sobre Calidad de la Democracia y la Ley Integral contra la corrupción, en trámite, cuyos resultados están aún por ver. La corrupción pública tiende a ser menor cuando se dan tres condiciones básicas: consolidación de la democracia, alternancia política en el poder legislativo y ejecutivo, y un sistema judicial eficiente.

Ante esta situación, también debemos apelar a los ciudadanos, para que asuman su responsabilidad en el tema, empezando porque cunda la actitud de tolerancia cero ante la corrupción y ante las conductas que quieran justificarla y hasta mostrar cierta comprensión hacia ella (enriquecerse con la corrupción no puede considerarse de personas pragmáticas y listas, que han sabido aprovechar las oportunidades y los vericuetos del sistema en lo público o en lo privado). Como se ha podido leer y oír en manifestaciones de ciudadanos indignados por la corrupción “un pueblo que elige a corruptos, no es víctima, es cómplice”.


FUTURA se hace eco de la gravedad de este problema y de la necesidad de erradicarlo. Para ello, organiza un acto para discutir, por un lado, sobre sus causas, sus efectos políticos y sociales y su evolución reciente y, por otro, sobre la suficiencia/insuficiencia de los medios disponibles para atajarla y sobre posibles medidas adicionales. 


CHARLA-COLOQUIO: 
  • Esther González Martínez, Fiscal de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada del Ministerio de Justicia. 
  • Ángeles Jareño Leal, Catedrática de Derecho Penal en la Universidad de Valencia. 
  • Manuel Villoria Mendieta, Catedrático de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. 
Modera: Mercedes Mayo González, Vicepresidenta de FUTURA. 

Lugar y hora: Sede de la Fundación Cajasol (Ronda de los Tejares, 32 · Córdoba) - Lunes, 18 de septiembre de 2017, 19:30 horas.

Descarga de presentaciones de los ponentes:
- Manuel Villoria: archivo PDF (2.3 MB).
- Ángeles Jareño: archivo PDF (0.7 MB).