La Asociación para el Progreso y la Modernización de Córdoba FUTURA trasladó en su día a la opinión pública y a los responsables políticos municipales determinadas consideraciones sobre la trascendencia que tendría para la ciudad y para la ética política la anunciada decisión del Ayuntamiento de aprobar definitivamente el Plan Especial de la carretera de Palma del Río.

Tras la adopción de hecho del correspondiente Acuerdo por parte del Pleno Municipal en sesión del 11 de diciembre de 2012 –por sorprendente e inusual unanimidad–, dirigimos un escrito a la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba en el que se ponía de manifiesto la inoportunidad e improcedencia y más que dudosa legalidad de la aprobación de dicho Plan Especial y se le instaba una acción administrativa y/o jurisdiccional a la mayor inmediatez, al objeto de la anulación del referido Acuerdo Municipal.

Por tanto satisfacen plenamente a la Asociación FUTURA la interposición en su día por la Consejería competente de la Junta de Andalucía del correspondiente recurso contencioso administrativo y su reciente estimación parcial por Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, al declarar nulos –por inadecuación al Orden jurídico– los artículos del Plan Especial cuyas determinaciones tenían por objeto atribuir a los terrenos de la antigua Colecor –propiedad de Rafael Gómez, líder político de Unión Cordobesa– el aprovechamiento urbanístico necesario para que se pudiese legalizar la mayor parte de las edificaciones realizadas sin la preceptiva licencia, es decir, de manera absolutamente ilegal.

Foto: Madero Cubero

Consideramos finalmente nuestro deber hacer un nuevo llamamiento a nuestros responsables políticos municipales para que, una vez sea firme la Sentencia, se acometa una nueva y auténtica iniciativa de ordenación de los terrenos que tome básicamente en consideración su relevante, singular y estratégica situación territorial, entre otras razones por su proximidad al entorno del Conjunto Arqueológico de Medina Azahara y al pié de la falda de la Sierra Morena cordobesa, de altos valores culturales, ambientales y paisajísticos.

Esta iniciativa –por cierto de exclusiva competencia municipal– requiere en todo caso que previamente se disponga lo necesario para hacer efectiva la sanción impuesta por la infracción urbanística cometida y reponer a su estado originario la realidad física alterada con la consiguiente demolición de las edificaciones por su incompatibilidad con la ordenación vigente.

Decisiones que sin duda contribuirán a que la ciudadanía mejorara su percepción de desprestigio de la política, al valorar que los intereses finalmente tenidos en cuenta en este caso son los ciudadanos y urbanísticos y por tanto los públicos.