En el artículo primero de nuestra Constitución se expresa que “la soberanía nacional reside en el pueblo”. Por lo tanto dar, en el ejercicio del poder, participación a los ciudadanos es el principio en el que se fundamenta la democracia. Pero para que esto sea efectivo se necesita acercar lo más posible al ciudadano los organismos de decisión y gestión. En definitiva aplicar el principio de subsidiariedad, tal y como se definió en elTratado de la Unión Europea de 1992.

Desde que se constituyeron democráticamente en 1979, los ayuntamientos han venido reivindicando un mayor protagonismo en competencias y una adecuada financiación para poder desempeñar ese papel que los define como la administración más cercana a los ciudadanos. Pero las administraciones central y autonómica han ejercido su capacidad normativa de una forma cicatera, hurtándoles capacidad de decisión y recursos. La presión reiterada de los poderes locales por ampliar sus competencias desembocó en la promulgación de la Ley de Bases de Régimen Local de 1985 –impulsada por el Gobierno socialista–, seis años después de que se constituyeran los ayuntamientos democráticos, y define un abanico de competencias, muchas de ellas inconcretas y dependientes de la regulación de las comunidades autónomas. No obstante, los ayuntamientos se lanzaron a decidir y gestionar asuntos que les demandaban los ciudadanos, con los escasos medios de que disponían. Así surgieron programas municipales de servicios sociales, atención a drogodependientes, prevención de la delincuencia, escuelas infantiles, centros y actividades culturales, instalaciones deportivas, promoción turística y un largo etcétera; a los que la legislación daba cobertura aunque no recursos. La Ley de Financiación de las Haciendas Locales se promulgó cuatro años después y fue absolutamente insuficiente.

El movimiento municipalista, movilizado en torno a la Federación Española de Municipios y Provincias, donde se integran miembros de todos los partidos políticos, siempre luchó por una mejor financiación, y no sólo no renunció a sus competencias sino que las amplió al máximo que la ley le permitía y en defensa de estos principios se enfrentó a los distintos gobiernos de turno. El resultado fue que los ayuntamientos hicieron creíble la democracia a los ojos de la ciudadanía, pero el resto de administraciones los han mirado siempre con desconfianza y han ejercido un tutelaje que ha menoscabado su autonomía.

El proyecto de la Ley de Racionalidad y Sostenibilidad de la Administración Local que ha presentado al Parlamento el Gobierno del Partido Popular no se anda con ambages y ya de desde el propio enunciado declara sus intenciones, que define de forma clara y rotunda en la exposición de motivos: “clarificar” por recortar las competencias; “sostenibilidad” por férreo control económico; “racionalizar” por adelgazar su estructura organizativa; “economía de escala” por el fortalecimiento de las diputaciones, que asumirán competencias de los municipios. Su eje principal es,textualmente, la “reducción de la dimensión del sector público local, (…) controlar su actividad y racionalizar su organización”, así como “favorecer la iniciativa económica privada evitando intervenciones administrativas desproporcionadas”.

Sus principios quedan pues muy claros, son los que siempre ha defendido la derecha: disminuir la autonomía municipal, adelgazar su capacidad política y reducirla a la gestión de servicios básicos. La excusa es la reducción del déficit público y el establecimiento de medidas para atajar el descontrol de las economías municipales. Pero según datos del Ministerio de Hacienda, en el pasado año 2011 el déficit público fue sobrepasado por la administración central en 0,30%, por las administraciones autonómicas en 1,64% y por las administraciones locales en 0,08%; es decir, el 3,19% del déficit público total. Queda meridianamente claro que la cuestión económica no es el objeto de esta Ley, sino el serio menoscabo de la autonomía local.

Artículo publicado en Diario Córdoba (31-10-2013, página 5)