Ante la evidencia del grave conflicto que está comportando para las familias en situación de crisis económica la aplicación del Ordenamiento Jurídico español respecto del Procedimiento de Ejecución Hipotecaria, la Asociación Córdoba Futura organizó la pasada semana una mesa redonda en la Casa Ciudadana con el fin de proyectar una “Mirada a los Desahucios” y analizar desde el conocimiento y con rigor las perspectivas de este conflicto.

En el absoluto convencimiento de que el drama de las ejecuciones hipotecarias, que ha destruido y amenaza el futuro de miles de familias, ha de terminar, quisimos en esa “Mirada” oír la voz de los ciudadanos afectados a través de Rafael Carmona, miembro de la Plataforma Stop Desahucios; la voz de la Justicia a través de un miembro cualificado de la misma, Víctor Escudero, Magistrado de un Juzgado de Primera Instancia de Córdoba; y la visión económico-financiera de un experto en materia de vivienda como es Julio Rodríguez, economista titulado del Banco de España, expresidente del Banco Hipotecario y de Caja Granada y miembro del colectivo Economistas Frente a la Crisis, quien además ha sido seleccionado como experto para intervenir en la reciente Comisión de Economía del Congreso de los Diputados en la que se debaten las reformas legislativas necesarias.

La profundidad del análisis efectuado en torno al grave problema de los Desahucios nos impulsa a trasladar a la opinión pública, a través de este articulo, una breve sinopsis de las valoraciones efectuadas en dicha mesa. 

 Julio Rodríguez, Mercedes Mayo, Rafael Carmona, Víctor Escudero y Victoria Fernández
Ante todo hay que destacar que ha sido únicamente la Sociedad Civil, a través de las distintas plataformas, la que ha logrado marcar la agenda política en relación con este doloroso problema social, lo que ha puesto de manifiesto la fuerza que puede tener en sus manos estando bien organizada, así como la importancia de la movilización ciudadana. A ello se ha unido la denuncia por los propios jueces (por cierto no apoyados por el Consejo General del Poder Judicial) de los abusos que conlleva el sistema español de desahucios con un procedimiento privilegiado para el cobro de los créditos hipotecarios que permite a las entidades financieras adjudicarse los inmuebles por un precio inferior al del mercado y al del valor de tasación que cuantificó la entidad bancaria al conceder el crédito, sin que ni siquiera ello suponga saldar la deuda de las familias afectadas, que se ven abocadas con ello a una situación de exclusión social para el resto de su vida.

No cabe duda de que el problema es complejo y se caería en un lamentable error si se intentara solucionar el mismo por la vía de contemplar únicamente situaciones excepcionales de las personas afectadas, como una muestra de la magnanimidad de la Banca. Debe tratarse, por tanto, de que nuestro marco normativo en materia de desahucios sea más justo y eficaz para todos, dando una respuesta a los desequilibrios existentes en el Ordenamiento Jurídico español.

Para ello, esta respuesta debe venir fundamentalmente, entre otras, por las siguientes medidas: limitación legal de los intereses moratorios; regulación de un procedimiento concursal específico para las personas físicas que permita, en circunstancias previamente determinadas, la paralización de ciertas ejecuciones; la modificación del régimen de tasación de viviendas; la elevación del porcentaje de adjudicación al acreedor (actualmente el 60% del valor de tasación); la regulación imperativa en ciertas circunstancias de la entrega de la vivienda como modo de extinción del crédito; la modificación del procedimiento de ejecución hipotecaria de forma que el deudor pueda alegar como motivos de oposición, entre otros, la existencia de cláusulas abusivas en el contrato hipotecario; la previsión de supuestos en que el deudor pueda, en ciertas circunstancias, continuar utilizando la vivienda habitual o el local de negocio satisfaciendo el oportuno canon o precio; la mediación previa o simultanea obligatoria en las ejecuciones hipotecarias; la creación de Comisiones mixtas con presencia de la Administración, la Banca y los consumidores para favorecer soluciones que posibiliten una salida negociada; la ampliación de la posibilidad de que el deudor pueda poner fin a la ejecución pagando las cuotas adeudadas y rehabilitar el préstamo.

En fin, no se trata de que los afectados no paguen sus deudas hipotecarias, sino de corregir los abusos que existen hoy día en el cobro de las mismas, sobre todo porque las familias no son responsables de la crisis que se ha desencadenado en España como consecuencia de la explosión de la burbuja inmobiliaria, porque han sido los Bancos quienes sobreestimaron la solvencia de los deudores, quienes tasaron temerariamente al alza las viviendas, quienes determinaron las cuotas, los intereses y los vencimientos, y quienes especularon con esos activos hipotecarios consiguiendo beneficios exorbitantes. 

Sería un error histórico no aprovechar el impulso actual que ha conseguido la Sociedad Civil para conseguir revertir este auténtico drama social.