El futuro del sistema de pensiones es uno de los problemas importantes a los que se enfrenta la sociedad española para las próximas décadas. Hay un consenso bastante generalizado en que la sostenibilidad financiera del sistema viene empeorando desde algunos años por dos causas principales. Por una parte, el envejecimiento de la población española, que junto al descenso de la natalidad y al aumento de la esperanza de vida, ha hecho que el número de cotizantes por pensionista desciendan de manera sostenida desde el inicio de la crisis. Por otra parte, las contribuciones al sistema están descendiendo por el aumento del desempleo y por el descenso de los salarios. Por ello, el sistema ha tenido en los últimos años déficits que han ido mermando la popularmente conocida como “hucha de las pensiones” y han sembrado dudas sobre su futuro. A la hora de calificar la gravedad de la situación no hay tanto consenso.
Para tratar este problema se ha convocado la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, que aún no ha emitido su dictamen. Mientras tanto, han ido apareciendo aportaciones a este debate que, desde diversas perspectivas, analizan la evolución del sistema y sugieren líneas de actuación para resolver las incertidumbres que su futuro presenta.


En este acto intervienen dos especialistas que han participado activamente en la publicación de dos de esas aportaciones, ambos destacados economistas:

Ángel de la Fuente. Estudió y se doctoró en economía en la universidad de Pensilvania, recibiendo un premio a la mejor tesis doctoral en 1991. Ha sido profesor de las universidades de Drexel, Pensilvania, Autónoma de Barcelona y ha impartido docencia en otras muchas. Su carrera como investigador la ha desarrollado en el Instituto de Análisis Económico (CSIC). Ha sido consultor de organismos internacionales (Banco Mundial, OCDE, CE, BCE) y nacionales. En la actualidad es Director Ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicados (FEDEA). Son conocidos sus trabajos sobre economía y financiación regional y balanzas fiscales. En febrero pasado publicó el informe La salud financiera del sistema público de pensiones español. Análisis retrospectivo, proyecciones de largo plazo y factores de riesgo (FEDEA, 2017. Con Miguel Ángel García Díaz y Alfonso R. Sánchez).

Santos M. Ruesga Benito. Estudió y se doctoró en economía en la Universidad Autónoma de Madrid, de la que es Catedrático de Economía Aplicada. Ha impartido docencia en las universidades de California, Nacional Autónoma de México, Stanford, Lima y la Erasmo de Róterdam. Ha sido consultor de diversas instituciones españolas e internacionales (Banco Mundial, CE). Ha sido representante de España en el Alto Consejo del Instituto Universitario Europeo de Florencia y Consejero del Consejo Económico y Social. Ha sido miembro de la comisión de expertos que nombró el Gobierno de España en 2013 para el tema de las pensiones (votó en contra del dictamen de la comisión). Son conocidos sus trabajos sobre economía del trabajo, política laboral y negociación colectiva. Acaba de publicar el libro ¿Cobraremos las pensiones? (Pirámide 2017. Con Borja Suárez y Valeriano Sánchez).


CHARLA-COLOQUIO:
UNA MIRADA AL FUTURO DE LAS PENSIONES
Lunes 27 de marzo 2017 · 19:30 h.
Biblioteca Viva de al-Andalus (Cuesta del Bailío, 3 - Córdoba)

Vídeo de la actividad (YouTube):




Presentaciones de los ponentes (PDF):

Dossier de prensa:


La Asociación para el Progreso y la Modernización de Córdoba FUTURA, con la colaboración de la Fundación Cajasol, organizó el pasado jueves día 24 de noviembre de 2016 a las 19:00 horas, en la sede de la Biblioteca Viva de al-Andalus (Cuesta del Bailío, 3), la charla-coloquio Una Mirada a la Ciudad Cultural. Córdoba más allá de 2016. En este debate intervinieron María Dolores Baena Alcántara, directora del Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba así como presidenta del Consejo Social de la ciudad; y el gestor cultural Francisco López Gutiérrez, ex director gerente del Gran Teatro de Córdoba. El acto contó con la moderación de Herminio Trigo Aguilar, Vicepresidente de la Junta Directiva de FUTURA.



En los primeros años de este siglo se generó un importante movimiento con motivo de la aspiración de ser Capital Europea de la Cultura en 2016. La ilusión impregnó todas las capas sociales de la ciudad y durante un tiempo generó el interés de la ciudadanía por el mundo de la Cultura. Aunque ese interés se motivó, en parte, por las expectativas de negocio que podría generar y, por supuesto, los puestos de trabajo que podría acarrear, un hecho también importante para la maltrecha economía cordobesa.

Al no alcanzar el objetivo, tras la nominación de San Sebastián, la frustración y el pesimismo desarbolaron las estructuras creadas, por más que los responsables institucionales propusieran su mantenimiento para que fueran el cauce de las manifestaciones culturales cordobesas.

Desde entonces se tiene la sensación de carecer de una adecuada y actualizada estrategia dinamizadora. Se ha echado mano de nuestro patrimonio histórico como eje vertebrador de actividades vinculadas a la cultura, aunque en la práctica se manifiestan como más interesadas en la rentabilidad económica, especialmente de cara a un turismo que aumenta sensiblemente. Los ciudadanos quedan al margen de todo esto y sólo las actividades que programan algunos museos, dirigidas a potenciar el conocimiento que los cordobeses tienen de su pasado histórico y cultural y la creación de asociaciones que participan activamente en la labor que hacen estas instituciones, mantienen el interés de la cultura por la cultura.

Las instituciones mantienen la inercia de los grandes eventos culturales: Festival de la Guitarra, Cosmopoética, Eutopía, la veterana Bienal de Fotografía, resurgida gracias al esfuerzo realizado por Afoco, y el Concurso Nacional de Arte Flamenco. Cabe añadir algunas iniciativas surgidas desde el entusiasmo de algunos emprendedores que carecen de calado social por la carencia de medios para desarrollarlas.

Desde FUTURA proponemos, por tanto, realizar una reflexión sobre lo acontecido durante estos últimos años en que se apagó el entusiasmo al no conseguir el objetivo de ser la Capital Europea de la Cultura y las estrategias que habría que desarrollar para que las expresiones de la cultura fuesen un eje importante de desarrollo de la ciudad y de los ciudadanos.

En este sentido, es primordial encontrar respuestas a los siguientes interrogantes:
  •  ¿Están cumpliendo las instituciones públicas con su papel de impulsoras de la Cultura?
  • ¿Debe centrarse el impulso de las actividades culturales básicamente en su rentabilidad económica?
  • ¿Debe crearse un organismo que aglutine, impulse y coordine las distintas iniciativas de las instituciones públicas y la iniciativa privada? Por el contrario, ¿es más eficaz que cada uno impulse sus iniciativas por separado?
  • ¿Debe existir un objetivo estratégico para el desarrollo cultural? ¿Sería necesario elaborar un Plan Estratégico de Cultura con una participación lo más amplia posible de instituciones, organismos, artistas, gestores y el movimiento ciudadano?
  • ¿Posee Córdoba las infraestructuras culturales necesarias? ¿Qué papel debe desempeñar el Centro Andaluz de Creación Contemporánea?
  • ¿Es adecuado desde el punto de vista estratégico, no solo de rentabilidad económica, el uso que se hace de nuestro Patrimonio Histórico y Cultural?
Estas son algunas de las preguntas cuyas respuestas pueden contribuir a conformar una estrategia que sea lo más eficaz posible para el fomento y el impulso de la Cultura en Córdoba en beneficio de los cordobeses.

La Asociación para el Progreso y la Modernización de Córdoba FUTURA, con la colaboración de la Fundación Cajasol, organizó el jueves día 9 de junio de 2016 a las 19:30 horas, en la sede del IESA-CSIC (Campo Santo de los Mártires, 7), la charla-coloquio Una mirada a la intolerancia y los delitos de odio. En este debate intervino el presidente de Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra. El acto contó con la moderación de Victoria Fernández, Presidenta de FUTURA.



La ONG Movimiento contra la Intolerancia, con más de 20 años de atención a víctimas, propuso a comienzos de 2014 la creación, conforme a la Directiva Europea de Víctimas del Delito, del Consejo de Víctimas de Delitos de Odio y Discriminación para agrupar a quienes sufren delitos de racismo, xenofobia, antisemitismo, islamofobia, antigitanismo, homofobia, misoginia, disfobia, sexismo, aporofobia, totalitarismo, negrofobia, transfobia y otras formas de intolerancia.

El Consejo de Víctimas también agrupa a ONGs que prestan servicio y apoyan directamente a las Víctimas, generando una red descentralizada que alcanza a toda España. De la misma manera, también ha impulsado comisiones de expertos jurídicos, educadores, psicólogos, periodistas y activistas que asumen los objetivos del Consejo y trabajan de forma voluntaria a favor de los mismos. En sus objetivos está prevenir la aparición y combatir las diversas manifestaciones de intolerancia, discriminación y delitos o crímenes de odio; reclamar políticas de prevención criminal, impulsar una acción integral, incluidos los ámbitos de educación, comunicación, deporte y cultura. Así como vertebrar y extender territorialmente el movimiento de solidaridad con la víctima y trabajar por una Ley de Protección Integral contra los Delitos de Odio. También impulsa la sensibilización y movilización ciudadana, la solidaridad con colectivos vulnerables, personas y comunidades diversas, e insta a las autoridades a cumplir o hacer cumplir, mejorar o modificar la normativa que persigue el delito de odio y discriminación, así como su prevención y monitorización.

La xenofobia política ha triunfado en Francia, Gran Bretaña y Dinamarca; ha obtenido buenos resultados en Grecia, Hungría, Holanda, Bélgica y Austria. También Alemania, con el primer eurodiputado obtenido por el NPD.

En cuanto a España, con sus circunstancias y particularidades, no vive de espaldas a este tsunami xenófobo que no viaja solo, viaja acompañado de múltiples manifestaciones y expresiones de intolerancia. Y aunque, de momento, los partidos genuinamente racistas y xenófobos han fracasado electoramente en nuestro país, su discurso de intolerancia se usa por muchos, se alienta la islamofobia en compañía de la homofobia, la intolerancia religiosa y otras manifestaciones de rechazo, irrespeto y desprecio al “otro” diferente, a la diversidad, cuestionando los derechos humanos. Sin olvidar el subsuelo de violencia neonazi, con organizaciones muy relacionadas internacionalmente que han visto mejoradas sus expectativas de acción directa por el fracaso de los anteriores que optaban por la acción política. El crecimiento de las agresiones es un hecho, como evidencia la monitorización del Informe Raxen.

La “cuestión territorial” o el “problema territorial” de España es una de las grandes cuestiones históricas que nuestro país aún no acaba de resolver. La Constitución de 1978 puede calificarse de hito histórico en su intento por ofrecer una solución mediante el modelo de Estado de las Autonomías.
No obstante, durante estos años han ido aflorando problemas y conflictos. Recientemente, la cuestión se ha agravado por el incremento del apoyo de parte importante de la sociedad catalana a posiciones independentistas que conllevan indudables tensiones internas, incertidumbres y riesgos de fractura social.
Todo ello convierte “la cuestión territorial del Estado” en un reto colectivo muy importante para el futuro inmediato de nuestro país. Y en este contexto la Asociación FUTURA ha valorado la oportunidad de organizar un debate que ha tenido por título ¿De qué hablamos cuando decimos España federal?


La charla-coloquio estuvo a cargo de dos reconocidos expertos constitucionalistas, los catedráticos Xavier Arbós Marín y Diego López Garrido, moderados por Manuel Pérez Yruela, vocal de Futura. Ambos debatieron sobre cómo podría ser una Constitución federal para España y sus conclusiones fueron muy apreciadas por el abundante público asistente.
Los dos ponentes estuvieron de acuerdo en el “estado de la cuestión”, es decir, en España, hay actualmente, debido a los problemas y conflictos antes citados, una crisis constitucional. También coincidieron en que no hay consenso por el momento entre los principales partidos para cambiar la Constitución y en que es necesario restablecerlo.


¿A través de qué medios?
Ante esta pregunta también los ponentes coincidían: a través de una Constitución federal para España.
Diego López Garrido detalló el hecho de que el federalismo, según la declaración de Lisboa, atiende a la vez a la Unidad y la Diversidad, algo muy apropiado para el caso español. Comentó que, aunque España no se llame federal, la Constitución del 78 tiene una clara inspiración federal. El federalismo sirve y ha servido a lo largo de la Historia para unir no para disgregar (ej. EEUU) y no se basa en la autoridad sino en el consenso.
Xavier Arbós también coincidió en esa necesidad para además abordar problemas como el conflicto competencial y la falta de definición de aspectos que en su día se formularon de forma incipiente y ambigua, que se deben reformar y aclarar. La Constitución tampoco resuelve la financiación de las CCAA, un asunto que provoca conflictos continuos entre el Estado y dichas Comunidades.
Los ponentes también coincidieron en la necesidad de una reforma del Senado, pues actualmente no funciona propiamente como cámara territorial. A este respecto propusieron como referencia el modelo alemán y norteamericano.

¿Cómo debería ser esa Constitución federal?
Xavier Arbós explicó que habría que empezar por definir España como estado federal y plurinacional, como una nación de naciones, una denominación que iría en beneficio de España al reconocer las identidades de muchos españoles que en este momento no encajan en la actual definición.
Opinó que no debemos alarmarnos si el sistema es asimétrico siempre que salvaguarde la solidaridad y el principio de equidad. De hecho, Arbós explicó que nuestro modelo actual tiene aspectos asimétricos y como ejemplo aludió al cupo vasco y navarro.
El modelo federal serviría para delimitar competencias y asegurar servicios comunes en todo el territorio, sin perjuicio de las diferencias entre las diversas partes de la federación, pues igualdad no significa homogeneidad en todo. También se resolvería el problema de la financiación de las Comunidades Autónomas, que ha sido vector importante del secesionismo en Cataluña.
Igualmente, para Para Diego López Garrido la España federal podría resolver además la regulación de la participación de las Comunidades Autónomas en las relaciones con la Unión Europea.
Añadió que la reforma debería establecer un mecanismo de solidaridad con una componente vertical del Estado a las entidades federadas, y horizontal, entre ellas mismas.
López Garrido disintió de Arbós en el concepto de plurinacionalidad. Expresó su opinión de que la palabra Nación debe dejarse solo para España, porque el concepto lleva implícito connotaciones de soberanía que en una España federal solo podría detentar el pueblo español y por la funcionalidad histórica y actual que esto tiene en las relaciones internacionales.
Terminó diciendo que la solución federal podría atenuar el secesionismo en Cataluña y que para hacer la reforma constitucional es necesario un grado óptimo de lealtad constitucional, consenso y confianza que permita abordar y resolver los problemas actuales y no agravarlos.

Vídeo de la actividad:




La Asociación para el Progreso y la Modernización de Córdoba FUTURA, con la colaboración de la Fundación Cajasol, organizó el miércoles día 11 de noviembre a las 19 horas, en la sede de dicha Fundación (Ronda de los Tejares 32), la charla-coloquio Una mirada a la nueva Ley de Seguridad Ciudadana: ¿una mordaza a las Libertades Cívicas? En este debate intervendrá el magistrado Ignacio González Vega, miembro de Jueces para la Democracia y directivo de la asociación de Magistrados Europeos por la Democracia y las Libertades (MEDEL). A continuación tuvo lugar un coloquio moderado por Mercedes Mayo, Vocal de la Junta Directiva de FUTURA.


El titular del Juzgado de lo Penal número 20 de Madrid abordó en su intervención en Córdoba la entrada en vigor desde el pasado 1 de julio de 2015 de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana. Esta ley fue aprobada en el Congreso gracias a la mayoría absoluta del Partido Popular, con el rechazo del resto de grupos parlamentarios y desatendiendo las críticas y recomendaciones de Movimientos Sociales y ONG, de la Unión Europea e incluso de la ONU. La también denominada “Ley Mordaza” se encuentran actualmente recurrida ante el Tribunal Constitucional y existe el compromiso firme de su derogación si en la próxima legislatura cambia la mayoría parlamentaria.



La nueva legislación afecta especialmente a los derechos de manifestación, de reunión, a la libertad de expresión, a la información, a la libertad personal y de huelga; comportando una de las mayores restricciones de derechos fundamentales y libertades públicas de toda la etapa democrática.


Esta reforma legislativa es la respuesta del Gobierno al incremento de manifestaciones ciudadanas nacidas de la tensión del desmantelamiento del Estado Social, convirtiendo por tanto un conflicto social en un conflicto de orden público, cuando España se encuentra en los niveles más bajos de delincuencia en el ámbito europeo y posee los porcentajes más elevados de población reclusa por habitante. El derecho a la protesta no es sino una concreción de la libertad de expresión que, ejercida en el ámbito de la esfera pública, se plasma en la manifestación de la queja o de la crítica política por parte de la Sociedad y, por lo tanto, de uno de los elementos definitorios de un sistema democrático. La ley aprobada evidencia además una desconfianza clara del Gobierno en el Poder Judicial, que reiteradamente estaba procediendo a dictar sentencias absolutorias por las conductas presididas por la protesta ciudadana.

La Asociación para el Progreso y la Modernización de Córdoba FUTURA cree por todo ello conveniente y oportuno abrir un debate sobre la necesidad de esta Ley y su incidencia en el devenir de la Sociedad y de sus Libertades Cívicas.


--En Diario Córdoba: "La asociación Futura debate sobre la ley de seguridad ciudadana" (12-11-2015)
--Vídeo de la actividad:


El comienzo de este curso escolar ha supuesto una gran incertidumbre en la comunidad educativa por la obligación de aplicar la LOMCE, una Ley Básica que ha provocado el rechazo no solo del sector educativo, sino también de numerosas comunidades autónomas de distinto signo político encargadas de su aplicación, lo que en la práctica se traduce en unas grandes diferencias en los criterios con los que se está desarrollando. Este rechazo también se ha producido en toda la oposición política, que ha acordado derogarla en la primera ocasión en la que el PP deje de tener mayoría parlamentaria.

Desde la llegada de la democracia se han sucedido siete leyes educativas: la LGE, que nace en los últimos años del franquismo y que está en vigor hasta 1980, año en que se aprueba la LOECE, promovida por el Gobierno de la UCD. En 1985 se aprueba la LODE, con el PSOE en el Gobierno. En 1990 se aprueba la LOGSE, donde el Gobierno del PSOE descentraliza su aplicación en las comunidades autónomas. En 1995 el PSOE aprueba la LOPEG, que provoca un gran rechazo entre el profesorado y los sindicatos de la enseñanza. Cuando el PP de Aznar llega al poder aprueba en el año 2002 la LOCE, cuya peculiaridad es que nunca llegó a aplicarse. Con el Gobierno de Zapatero en 2006 se aprueba la LOE con un amplio consenso político, salvo la oposición del PP, como en los anteriores proyectos promovidos por el PSOE. Llegamos por último a la LOMCE liderada por el ministro José Ignacio Wert, actualmente en vigor y aprobada en solitario por el PP. Esta situación insostenible daña gravemente a la columna vertebral de un país, que tiene que basar su futuro en la educación y formación de su ciudadanía.

La estabilidad de nuestro sistema educativo estuvo a punto de conseguirse en torno a un amplio consenso político y social, durante los dos años en los que estuvo en el Ministerio de Educación Ángel Gabilondo, quien se propuso terminar con esta permanente transitoriedad que tanto daño estaba causando a la educación. Pero el intento fracasó porque a última hora se descolgó del acuerdo el PP.

Esta situación no puede ni debe continuar, el futuro de una sociedad se basa en la estabilidad de su sistema educativo, entre otras razones, porque los frutos de la educación se logran a largo plazo, por lo que requiere una continuidad prolongada en el tiempo. Hace falta, por tanto, un gran pacto político y social que requiere generosidad por parte de todos y una visión política que mire al futuro y vaya más allá de intereses partidistas.

La Asociación para el Progreso y la Modernización de Córdoba FUTURA, en colaboración con la Fundación Cajasol, organizará el próximo viernes día 25 de septiembre a las 19 horas, en la sede de la Fundación Cajasol (Ronda de los Tejares 32), la actividad Una Mirada a la Educación: El Pacto Necesario. En este debate intervendrá Ángel Gabilondo, ministro de Educación entre los años 2009 y 2011 en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, e impulsor de ese gran pacto por la educación en España. A continuación tendrá lugar un coloquio moderado por la presidenta de la Asociación FUTURA, Victoria Fernández.

El también catedrático de Metafísica y actual diputado por el PSOE en la Asamblea de Madrid expondrá los contenidos básicos que deberían ser abordados en una necesaria nueva iniciativa al efecto y en particular las estrategias para conseguir el acuerdo, a partir de la consideración de aspectos relativos, entre otros, a la calidad de la enseñanza, la financiación y la formación del profesorado.

Vídeo de la actividad: